El Partido Popular, que desde hace dos años mantiene un expediente abierto en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el cierre de las Urgencias del CHARE, ha valorado el escrito que éste ha remitido a la Consejería de Salud.

Marino Aguilera, portavoz del PP local, lamenta que “a lo largo de estos dos años de tramitación del expediente, la Consejería de Salud sólo ha aportado evasivas al Defensor cuando éste ha requerido dicha información”.

En su escrito, el Defensor llama la atención sobre el agravio que sufre Alcalá la Real con respecto al resto de municipios andaluces que cuentan con un Hospital de Alta Resolución, ya que de los trece existentes sólo Alcalá y Loja no funcionan al cien por cien. Ante este hecho, reflejado por Jesús Maeztu en su carta, Aguilera pregunta al Partido Socialista “qué le ha hecho Alcalá la Real para haberse cebado de esta forma con nosotros”.

Los populares adelantan que «es probable que se abran las urgencias en 2016 gracias a la Proposición No de Ley presentada por el PP en el Parlamento de Andalucía este verano, apoyada por todos los grupos políticos y plasmada en el presupuesto de la Junta», si bien, lamentan que «nunca sabremos la verdadera causa del cierre durante estos casi cinco años».

En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz, considera que “los más de cuatro años y medio transcurridos desde la apertura del hospital nos lleva a dudar sobre la intención real de puesta en funcionamiento del área de urgencias” y que “un periodo tan prolongado va más allá de lo que puede entenderse razonable”.

Marino Aguilera, destaca también “la incongruencia que, a juicio del Defensor, supone no abrir las Urgencias dentro de un modelo asistencial de acto único, modelo en el que este área es elemento clave, y el perjuicio que está generando al equipamiento almacenado en espera de ser utilizado y que por falta de uso se está deteriorando o directamente ha caducado”.

Como conclusión y petición a la Consejería de Salud, el Defensor del Pueblo pide “establecer un orden lógico de prioridad” de los recursos públicos, de forma que “se priorice la culminación de lo ya empezado” en lugar de continuar construyendo otros hospitales, y pide expresamente “que se adopten las actuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la unidad de urgencias del hospital”. La carta concluye dando el plazo de un mes a la Junta de Andalucía para que responda a los requerimientos de Maeztu.