El Partido Popular ha presentado una moción para que los ciudadanos puedan tomar la palabra en los Plenos municipales. Su portavoz, Marino Aguilera, ha propuesto crear la figura del “Concejal número 22” y modificar el actual Reglamento de Participación Ciudadana.

Según recoge el artículo 228 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, “terminada la sesión del Pleno, el alcalde puede establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal”, sin embargo, esa norma no se aplica en el Ayuntamiento alcalaíno que aplica un reglamento que “supone una carrera de obstáculos a los vecinos para poder tomar la palabra en los plenos municipales, ya que obliga a solicitar la intervención mediante escrito con dos días de antelación, da potestad al alcalde para rechazar la solicitud y para colmo delimita la temática de la intervención a los puntos tratados en el orden del día” critican los populares.

Izquierda Unida, que siempre ha mantenido que la política municipal debería contar más con la participación ciudadana, votó a favor de la propuesta y se ausentó del resto de la sesión en protesta por el trato que reciben del alcalde. «Usted no puede estar un año sin traer a pleno una moción que presentamos el 30 de septiembre de 2015. Me parece que legalmente eso no es correcto» recriminó la portavoz de IU al socialista Carlos Hinojosa.

El PSOE, por su parte, defendió que la intervención ciudadana debía estar directamente relacionada con el orden del día del pleno en cuestión o el anterior, con un tiempo disponible de cinco minutos, más tres opcionales de réplica tras la contestación.

El PP, que califica los requisitos  como “impropios de un sistema democrático”, solicitó que la normativa local se ciñera al reglamento nacional, de manera que los vecinos puedan preguntar sobre cualquier asunto de titularidad municipal a la finalización de un Pleno, «como se hace en multitud de ayuntamientos, la Diputación de Jaén o el Parlamento Andaluz», pues rechazando esta propuesta, el Ayuntamiento de Alcalá la Real “se confirma como uno de los más retrógrados y opacos al mantener una normativa local que es mucho más restrictiva que la general», según el PP.